La relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador ha entrado en un terreno delicado, luego de que crecieran las críticas sobre los efectos que ciertos acuerdos entre ambos gobiernos podrían tener en la lucha contra el crimen organizado, en particular contra la Mara Salvatrucha (MS-13). Aunque desde la administración estadounidense se ha reiterado el compromiso con el desmantelamiento de pandillas, recientes revelaciones y decisiones políticas apuntan a una posible contradicción entre los discursos oficiales y la realidad operativa en el terreno.
Durante su administración, el exmandatario estadounidense Donald Trump promovió una política severa contra las bandas delictivas de Centroamérica. Un aspecto clave de este enfoque fue la estrecha colaboración con las autoridades de El Salvador para arrestar y extraditar a integrantes de la MS-13, vistos por Washington como un riesgo para la seguridad nacional. Estas iniciativas involucraron operaciones conjuntas, intercambio de información y procedimientos judiciales contra miembros destacados de la agrupación.
No obstante, con el paso del tiempo, nuevas dinámicas políticas entre ambos países han puesto en duda la continuidad efectiva de esa colaboración. Algunos analistas señalan que, bajo una lógica de pragmatismo geopolítico, Washington ha optado por priorizar la estabilidad migratoria y la cooperación regional por encima de la presión sobre ciertos gobiernos, incluso si ello implica suavizar posturas ante situaciones que anteriormente habrían sido objeto de fuerte condena.
En este contexto, ha cobrado relevancia el papel del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Su gestión ha sido ampliamente reconocida por haber reducido drásticamente los índices de homicidios y violencia en el país, en parte gracias a una política de mano dura que incluye un régimen de excepción y la detención masiva de presuntos pandilleros. Sin embargo, también ha sido objeto de señalamientos por posibles negociaciones con estructuras criminales, que habrían sido toleradas o encubiertas a cambio de beneficios políticos o disminución de la violencia.
Informes judiciales y de inteligencia han señalado que los líderes de la MS-13 podrían haber tenido comunicación con funcionarios del gobierno en tiempos recientes, lo cual ha provocado inquietud respecto a un posible debilitamiento en los esfuerzos internacionales para enjuiciar a los líderes de estas bandas en cortes de Estados Unidos. La ausencia de extradiciones notables en meses recientes ha avivado estas dudas.
Entidades defensoras de derechos humanos y especialistas en crimen internacional han advertido sobre los peligros de fundamentar las políticas de seguridad en compromisos informales o acuerdos de impunidad. Sostienen que, si bien se agradece la disminución de la violencia, un enfoque que favorezca resultados rápidos sobre el Estado de derecho podría acabar fortaleciendo a las mismas estructuras delictivas a largo plazo.
En Estados Unidos, miembros del Congreso y fiscales federales han expresado su preocupación por la aparente disminución en el flujo de colaboración con El Salvador respecto a casos clave. Algunos señalan que esto podría obstaculizar procesos judiciales abiertos en cortes estadounidenses, donde se busca enjuiciar a líderes de la MS-13 por delitos cometidos tanto en Centroamérica como en territorio estadounidense.
Mientras tanto, la administración de la Casa Blanca ha adoptado una posición indefinida. Aunque se valora la efectividad del gobierno de El Salvador en la lucha contra la violencia, han surgido dudas sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales y la utilización del sistema gubernamental con fines políticos. Esta situación de ambivalencia ha causado fricciones dentro del sistema diplomático, en el que varios organismos mantienen perspectivas diferentes sobre la táctica regional.
Según especialistas, la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica implica no solo medidas punitivas, sino también transparencia, colaboración internacional eficiente y un compromiso constante con la justicia. Cualquier señal de acuerdo con delincuentes erosiona la legitimidad del Estado y amenaza la seguridad tanto regional como transnacional.
La evolución de la relación entre Estados Unidos y El Salvador, y su impacto en la lucha contra las pandillas, seguirá siendo un tema de alta sensibilidad política. Por ahora, la percepción de que intereses estratégicos están condicionando la aplicación rigurosa de la ley ha encendido las alertas de quienes insisten en que la verdadera seguridad no puede lograrse a costa de la justicia.
