Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que el expresidente Trump puede mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, al menos temporalmente, mientras sigue el juicio presentado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión autoriza que las 4 000 tropas en Los Ángeles sigan bajo mando federal mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, suspendiendo por el momento la decisión anterior que exigía su regreso al mando estatal.
La disputa comenzó el 7 de junio, cuando el expresidente federalizó la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para reforzar la presencia militar en Los Ángeles, apoyando las labores de agentes federales durante protestas relacionadas con operativos de inmigración. Esta movilización de tropas sin el consentimiento del estado marca la primera vez desde 1965 que ocurre un despliegue tan extenso sin la aprobación del gobernador.
En una audiencia reciente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que el líder probablemente actuó conforme a la legislación federal, subrayando que las protestas se habían convertido en episodios violentos contra empleados y bienes federales, además de agresiones con piedras y bombas molotov. A pesar de señalar que el presidente necesitaba informar al gobernador, afirmó que la decisión de un tribunal de primera instancia fue demasiado limitativa, pues no existía autoridad para bloquear la medida presidencial.
El dictamen del juez de distrito Charles Breyer, presentado el 12 de junio, establecía que el proceso de federalización era ilegal, señalando que no se habían satisfecho las condiciones legales necesarias y que no había una «rebelión» según lo requerido por la ley. No obstante, la apelación detuvo la ejecución de esa decisión mientras el caso continúa su desarrollo.
El panel del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— subrayó que la ley concede al presidente un amplio margen en temas relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión “con un alto grado de deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión presidencial esté totalmente fuera del control judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California puede decidir elevar una apelación ante el pleno del Noveno Circuito o incluso presentar el caso ante la Suprema Corte. Asimismo, podrían sostener que la utilización de las fuerzas armadas para respaldar tareas de la ley federal —una posible infracción de la ley Posse Comitatus— necesita una revisión más detallada en el tribunal.
En su reacción, el gobernador Newsom declaró que “el presidente no es un rey ni está por encima de la ley” y aseguró que California seguirá luchando en los tribunales para proteger la soberanía estatal y los derechos civiles . A su vez, el expresidente Trump celebró el fallo como una “gran victoria” para la seguridad del país, argumentando que la Guardia Nacional debe poder desplegarse si las autoridades locales no pueden mantener el orden.
En todo el país, el asunto ha comenzado una discusión intensa acerca del rango de los poderes presidenciales en lo que respecta al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del control judicial. Es la ocasión inicial en sesenta años que la Guardia se federaliza sin el acuerdo de un gobernador, lo que suscita inquietud sobre precedentes arriesgados y la erosión de los mecanismos legales y la revisión institucional.
Mientras tanto, en Los Ángeles, las fuerzas armadas permanecen activas, aunque las manifestaciones han disminuido y el alcalde ha eliminado el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y las dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y militares, además del efecto en la supervisión y el control social.
La fecha clave será la próxima audiencia ante el juez Breyer, prevista para este viernes. En ella se podría dictar una orden preliminar más amplia que defina de manera precisa el uso permitido de las tropas. El desenlace del caso tendrá implicaciones duraderas sobre la relación entre la autoridad federal y los estados, los poderes presidenciales y la función de las fuerzas militares en tareas civiles.
