El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Pagos indebidos superiores a 600.000 euros
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
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Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El documento describe cómo se organizaban los acuerdos para asegurar la adjudicación a la compañía, mediante pagos establecidos previamente. Según los oficiales, era una “red perfectamente estructurada” en la que los dirigentes políticos participaban de manera directa para favorecer a ciertas empresas a cambio de ventajas financieras.
El papel de Santos Cerdán
Uno de los elementos más destacados del reporte es cómo Santos Cerdán se ha destacado como pieza fundamental en la distribución y administración de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del sistema de pagos, sino que desempeñaba una función directiva en su implementación. Las conversaciones registradas muestran cómo se fraccionaban, discutían y repartían las sumas, de acuerdo al contrato concedido.
Esta posición de control convierte a Cerdán en el principal vínculo entre el poder institucional del PSOE y las empresas beneficiadas por la trama.
Respuestas y mutismo institucional
Frente a la rotundidad del informe, Acciona ha comunicado que llevará a cabo una auditoría interna, despejando de responsabilidad a su actual liderazgo de los eventos investigados. No obstante, el daño a la reputación ya está ocasionado. La inclusión de un exdirigente de la compañía en los papeles revisados por la UCO ha reavivado la discusión sobre la colusión entre grandes corporaciones y el poder político.
En tanto, el Gobierno permanece callado. La dirección del PSOE opta por no comentar un asunto que ha llevado a la renuncia de varios altos funcionarios y que podría debilitar aún más la credibilidad del Ejecutivo.
El reporte de la UCO corrobora lo que antes eran solamente dudas dispersas: que una de las constructoras más grandes del país podría haber estado involucrada en un esquema corrupto para garantizarse contratos gubernamentales, planificado desde el centro del partido que rige en España. Si los hechos son confirmados en tribunales, sería uno de los escándalos de corrupción más serios en los últimos tiempos, tanto por la escala económica como por el alto nivel de los participantes.
Este asunto no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona la utilización del poder institucional para objetivos personales. El tiempo indicará si las repercusiones políticas estarán a la altura de la seriedad de los acontecimientos desvelados.
